La Ley Procesal del Trabajo (Ley N° 26636) regula tres medidas cautelares a ser dictadas por el juzgador dentro de un proceso laboral, previo pedido de parte: el embargo en forma de inscripción (Art. 100°), el embargo en forma de administración (Art. 100°) y la asignación provisional (Art. 101°). No existe un criterio unánime en la magistratura respecto a la procedencia de otras medidas cautelares reguladas por el Código Procesal Civil (por ejemplo: embargo en forma de retención, intervención en recaudación, secuestro de bienes, etc), pues la LPT señala en su Art. 96° que “son procedentes en el proceso laboral las medidas cautelares que contempla esta ley” y en su Tercera Disposición Final que “en lo no previsto por esta Ley son de aplicación supletoria las normas del Código Procesal Civil”, lo que abona a favor de ambas posiciones: tanto para una interpretación restrictiva (sólo se aplican las tres medidas cautelares contempladas en la LPT) como para una interpretación más abierta (es posible aplicar otras medidas cautelares reguladas por el CPC en tanto no colisionen con la naturaleza de la regulación especial).

Por la amplitud de la controversia, en una primera fase nos ocuparemos únicamente de las medidas cautelares reguladas expresamente por la LPT, dejando para una posterior etapa el análisis de la aplicación supletoria de las demás medidas cautelares previstas en el CPC. Por motivos de espacio, este primer artículo se restringe al análisis del embargo en forma de administración, a nuestro juicio la más interesante de las tres medidas cautelares recogidas en la ley adjetiva laboral, dado que su aplicación en nuestros tribunales tampoco resulta pacífica al no existir una regulación detallada sobre la misma, lo que permite que ante el vacío legal los magistrados apliquen supletoriamente diversas disposiciones del CPC dando origen a disímiles interpretaciones. Por ello, lo que sigue pretende servir de guía aplicativa para la solicitud y dictado de dicha medida.

El Art. 100° de la LPT señala que “cuando la pretensión principal es apreciable en dinero, se puede solicitar embargo bajo la modalidad de … administración”. Las pretensiones apreciables en dinero o dinerarias son aquellas planteadas por el demandante que tienen como referencia unidades monetarias (soles, dólares, etc.) y constituyen la gran mayoría de procesos laborales; por contraposición, las pretensiones no dinerarias son aquellas que controvierten cualesquier derecho no cuantificable en unidades monetarias. El siguiente cuadro, ejemplifica algunas de tales pretensiones: 

Del texto legal se desprende que el embargo en forma de administración sólo es posible para el primer grupo de procesos, mas no para el segundo, lo cual es razonable dado que el propósito principal de la sustitución de la administración es que el órgano de auxilio judicial ponga a disposición del juzgado las utilidades o frutos obtenidos al administrar el bien o negocio afectado con la medida (CPC: 671° inciso 7), hasta cubrir el monto dinerario adeudado. En ese sentido, resultaría irrazonable afectar al demandado con un embargo en administración en un proceso en el que no existe deuda alguna (por ejemplo: en un proceso de impugnación de sanción disciplinaria).

 

El Art. 100° de la LPT no especifica sobre qué objeto recae el embargo en administración. El Pleno Jurisdiccional Laboral de 1997 adoptó como acuerdo que el CPC se aplica supletoriamente cuando existe una deficiencia de la LPT que tenga que ser cubierta por aquél, siempre que se trate de una materia regulada y exista compatibilidad con la naturaleza del proceso laboral. En el caso del embargo en administración en el proceso laboral se cumple con las condiciones establecidas por el Pleno, por lo que para efectos de determinar su extensión son aplicables las disposiciones del CPC al amparo de la Tercera Disposición Final de la LPT.

El supletorio cuerpo de leyes distingue dos modalidades de administración en función al objeto administrado: la administración de bienes fructíferos y la administración de empresas.

1.  Administración de bienes fructíferos.- Bien fructífero es aquel bien (mueble o inmueble) que produce provechos renovables (frutos) sin que se vea alterada ni disminuida su sustancia, pudiendo tratarse de frutos naturales, industriales o civiles (Código Civil: 885°, 886°, 890° y 891°). A guisa de ejemplo: si el demandado (ya sea el empleador o el trabajador) es propietario de un local que arrienda a terceros, la renta pagada por el arrendatario constituye fruto del bien. En ese sentido, el CPC posibilita la afectación de los bienes fructíferos “con la finalidad de recaudar los frutos que produzcan” (CPC: 669°), a excepción de aquellos bienes inembargables señalados expresamente en los Artículos 616° y 648° del CPC.

2.  Administración de empresas.- A propósito del embargo, el CPC se refiere a las personas jurídicas con fines de lucro con términos distintos: negocio (Art. 664°), unidades de producción o comercio (sumilla del Art. 670°) y empresa (Artículos 670, 671° y 672°). Específicamente en el Art. 670° posibilita el embargo en forma de administración de la empresa⁽¹⁾ al establecer que “el administrador o administradores, según corresponda, asumen la representación y gestión de la empresa”, lo cual se ve corroborada con las disposiciones de los Artículos 671° y 672°. En ese sentido, la poco feliz consignación de la sumilla del Art. 670° (que tiene fines didácticos pero no tiene efectos sobre los alcances del texto legal) no debe llevarnos a concluir que sólo es posible afectar unidades de producción (fábricas) y unidades de comercio (empresas comerciales) sino que la medida cautelar es aplicable a cualquier tipo de empresa, con prescindencia de su actividad principal (fabricación, comercialización, servicios, etc.).

Como no existe disposición alguna que excluya para el proceso laboral ninguna de las dos modalidades de embargo en forma de administración reguladas en el CPC, debe interpretarse que el Art. 100° de la LPT permite al litigante solicitar alternativamente la afectación en administración de los bienes fructíferos de la demandada o la administración de la propia empresa.

El embargo en forma de administración puede ser solicitado antes de la emisión de sentencia de primera instancia, con posterioridad a dicha sentencia, o en vía de ejecución de sentencia. En función del momento, los requisitos para la solicitud cautelar son distintos.

1.   Anterior a sentencia de primera instancia.- Conforme al Art. 97° de la LPT, en esta etapa son exigibles al solicitante de la medida los siguientes requisitos, dado que se trata de una medida preventiva:

2.   Posterior a sentencia de primera instancia.- Si la sentencia de primera instancia resultó desfavorable al demandante, la solicitud cautelar se sujetará a los mismos requisitos establecidos en el numeral anterior. Mas, si la sentencia fue favorable, aún cuando la parte contraria la hubiese impugnado, la medida cautelar procede a la sola solicitud del demandante (LPT: 99°) sin necesidad de fundamentar su pretensión ni ofrecer contracautela, debiendo en consecuencia únicamente dar cumplimiento a los requisitos que hemos señalado como b), c) y e) en el numeral anterior, y acompañar copia simple de los recaudos pertinentes a efectos de la formación del cuaderno cautelar. En esta etapa igualmente se trata de una medida preventiva, en base a un derecho esperado.

3.   En vía de ejecución.- El Art. 76° de la LPT señala que constituyen títulos de ejecución las resoluciones judiciales firmes, las actas de conciliación judicial o extrajudicial, las resoluciones administrativas firmes, y los laudos arbitrales firmes. De ellos, excepto las resoluciones administrativas, los tres restantes títulos se refieren normalmente a pretensiones dinerarias, por lo que el embargo en forma de administración en vía ejecutiva es plenamente aplicable en base a ellos. Cabe precisar que al tratarse de la ejecución de un título que contiene en definitiva la resolución de una controversia dineraria, no es exigible al solicitante del embargo la fundamentación de su pretensión ni el ofrecimiento de contracautela, debiendo únicamente respetar los requisitos b), c) y e) del numeral 1 de este apartado. Sin embargo, debe hacerse una distinción: la solicitud de embargo en forma de administración en base a una resolución judicial firme se realiza en el marco del proceso laboral que dio origen a dicha resolución, en cambio las solicitudes basadas en actas de conciliación y laudos arbitrales precisan de la interposición previa de una demanda ejecutiva bajo las reglas de la LPT (Artículos 76°-78°).

 

Producida una solicitud de embargo en forma de administración, el juzgador deberá pronunciarse sobre la misma admitiéndola, adecuándola o rechazándola (CPC: 611°). A la luz de lo expuesto en las líneas anteriores, un eventual rechazo de la medida debe operar únicamente si no existe sentencia favorable al demandante, dado que en los restantes supuestos (existencia de sentencia favorable, existencia de resolución firme), el embargo debe ser amparado en caso de no existir garantías para el cumplimiento del fallo judicial, con las excepciones señaladas para los bienes detallados en los Artículos 616° y 648° del CPC. Sin embargo, se han presentado casos en los que el juzgador ha rechazado la solicitud cautelar, ha establecido requisitos no sustentados legalmente, o ha concedido una medida inaplicable, por desconocimiento de la regulación sobre la materia. Por lo mismo, sin pretender agotar todos los supuestos controvertidos, a continuación establecemos algunos de ellos con la solución del caso:

·         El juzgador no puede disponer el embargo en forma de administración de bienes fructíferos ordenando el cese de los directivos y administradores de la empresa, dado que esta última medida corresponde al embargo en administración de empresa;

·         El juzgador no puede exigir para dictar el embargo en forma de administración de empresa que previamente se haya dictado una medida de intervención en recaudación, como sí es exigible en el proceso civil (CPC: 670°), dado que la LPT no regula la intervención en recaudación y tampoco exige trámite previo para el regulado embargo en administración;

·         El juzgador no puede exigir al solicitante que obtuvo sentencia favorable que acredite que la no adopción del embargo en administración conlleva un peligro inevitable, dado que ello contraviene al Art. 99° de la LPT;

·         El juzgador no puede exigir la presentación de documentación que acredite que el órgano de auxilio judicial propuesto tiene título profesional de administrador o análogo (contador o economista) y que está capacitado para ejercer el cargo, dado que la ley no establece diferencias en razón de profesiones u oficios y tampoco establece requisitos adicionales a la designación del órgano de auxilio judicial, correspondiendo en todo caso al afectado con la medida solicitar se fije un veedor especial para fiscalizar la labor del administrador judicial (CPC: 633°).

·         El juzgador sí puede dictar una medida cautelar distinta si la considera adecuada (por ejemplo: administración de bienes fructíferos en lugar de administración de empresa, intervención en recaudación bajo las reglas del CPC en lugar de administración de empresa, etc.), pues así lo faculta el Art. 611° del CPC, pero dicha adecuación debe ser motivada y no arbitraria.