Así lo dispone el Artículo 5° de la Ley 27735 que establece que “las gratificaciones serán abonadas en la primera quincena de los meses de julio y de diciembre, según el caso.”

Según esta misma norma el monto de la gratificación de fiestas patrias es igual a la remuneración básica y demás ingresos de libre disponibilidad que perciba el trabajador, es decir toda suma que reciba por su trabajo y que no esté destinada a algún fin específico.

Por ejemplo: si Juan recibe mensualmente una remuneración básica de 1000 soles, más una asignación por movilidad de 100 soles, su gratificación será 1000 soles porque la asignación por movilidad no es un ingreso de libre disponibilidad sino un concepto destinado a cubrir los gastos de transporte del trabajador.

Asimismo, en virtud de la Ley 29351 la Gratificación de Fiestas Patrias del 2010 no sufrirá descuentos de ninguna naturaleza (salvo que sea por mandato judicial) y adicionalmente se le incrementará el porcentaje que el empleador debía aportar a ESSALUD.

Caso 1: trabajador que está afiliado a ESSALUD y no tiene mandato judicial de descuento

En este caso el trabajador recibirá el íntegro de su gratificación (sin que se le descuente por aportaciones a la AFP o a la ONP) y además se le añadirá el 9 % de su remuneración que debía pagar el empleador a ESSALUD.

Por ejemplo: Luisa gana 1,000 soles mensuales, entonces su gratificación de fiestas patrias será 1,000 soles (monto de su remuneración) más 90 soles (9 % de aportes ESSALUD), totalizando 1,090 soles.

Caso 2: trabajador que está afiliado a una EPS y no tiene mandato judicial de descuento

En este caso el trabajador recibirá el íntegro de su gratificación (sin que se le descuente por aportaciones a la AFP o a la ONP) y además se le añadirá el 6 % de su remuneración que debía pagar el empleador a ESSALUD, pagando éste el aporte para la EPS (3 %).

Por ejemplo: Jorge gana 1,000 soles mensuales, entonces su gratificación de fiestas patrias será 1,000 soles (monto de su remuneración) más 60 soles (6 % de aportes ESSALUD), totalizando 1,060 soles. Adicionalmente el empleador pagará a la EPS 30 soles.

Caso 3: trabajador que está afiliado a ESSALUD y tiene mandato judicial de descuento

En este caso el trabajador recibirá nominalmente el íntegro de su gratificación (sin que se le descuente por aportaciones a la AFP o a la ONP) y además se le añadirá el 9 % de su remuneración que debía pagar el empleador a ESSALUD. Pero sí se le descontará el porcentaje o el monto ordenado por la autoridad judicial.

Por ejemplo: César gana 1,000 soles mensuales, entonces su gratificación de fiestas patrias será 1,000 soles (monto de su remuneración) más 90 soles (9 % de aportes ESSALUD), totalizando 1,090 soles. Pero a dicho monto se le descontará lo que haya ordenado el juzgado: si se ordenó un descuento de 150 soles por alimentos, se le descontará dicha suma; si se ordenó que se descuente el 30 % por ciento de la remuneración básica se descontará 300 soles (10 % de 1,000), si se ordenó que se descuente 30 % de todos los ingresos se descontará 327 soles (30 % de 1,090).

Caso 4: trabajador que está afiliado a una EPS y no tiene mandato judicial de descuento

En este caso el trabajador recibirá el íntegro de su gratificación (sin que se le descuente por aportaciones a la AFP o a la ONP) y además se le añadirá el 6 % de su remuneración que debía pagar el empleador a ESSALUD, pagando éste el aporte para la EPS (3 %). Pero sí se le descontará el porcentaje o el monto ordenado por la autoridad judicial.

Por ejemplo: Julio gana 1,000 soles mensuales, entonces su gratificación de fiestas patrias será 1,000 soles (monto de su remuneración) más 60 soles (6 % de aportes ESSALUD), totalizando 1,060 soles. Adicionalmente el empleador pagará a la EPS 30 soles. Pero al monto que le corresponde a Julio se le descontará lo que haya ordenado el juzgado: si se ordenó un descuento de 150 soles por alimentos, se le descontará dicha suma; si se ordenó que se descuente el 30 % por ciento de la remuneración básica se descontará 300 soles (10 % de 1,000), si se ordenó que se descuente 30 % de todos los ingresos se descontará 318 soles (30 % de 1,060).

Extensión a gratificación de Navidad del 2010

Cabe señalar que esta misma situación se producirá también en el pago de las gratificaciones de Navidad del 2010, pero a partir del 2011 las gratificaciones volverán a sufrir descuentos por aportaciones AFP u ONP y el empleador volverá a abonar las aportaciones ESSALUD, debido a que la Ley 29351 que elimina dichos descuentos sólo tiene vigencia hasta el 31 de Diciembre del 2010.

¿Qué hacer si el empleador no cumple con el pago de las gratificaciones de Fiestas Patrias?.

En ese caso el trabajador puede solicitar al Ministerio de Trabajo una inspección para que verifique el incumplimiento laboral y obligue al empleador a regularizar la situación.

¿Qué hacer si el empleador adeuda el pago de gratificaciones y/o otros beneficios?.

Puede el trabajador escribirnos para consultar la mejor forma de ayudarlo.

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Son cifras altamente preocupantes que evidencian la precariedad laboral en nuestro país, la desprotección de los derechos de los sectores sociales más vulnerables y la ausencia de políticas públicas que conlleven a una redistribución equitativa de los recursos.

No podemos negar que luego de la debacle económica de fines de los 80 el país se encuentra encaminado en una senda de estabilidad financiera, pero lo ha hecho a costa del desamparo de la gran mayoría de los trabajadores peruanos.

Luego de 20 años no hay un correlato entre desarrollo económico y protección de los derechos sociales de nuestros ciudadanos. Ello hace que tengamos cifras antagónicas: elevados índices económicos y bajos índices de protección laboral.

Esta realidad ocasiona dos graves consecuencias: de un lado el incumplimiento laboral por parte de un gran porcentaje de empleadores expolia los beneficios económicos de los trabajadores afectados impidiendo que cuenten en la actualidad con mayores ingresos para el sostenimiento de su hogar y para el mejoramiento de su calidad de vida, y de otro lado se produce ausencia de aportaciones a la seguridad social que a su vez genera que los trabajadores y sus familiares no puedan acceder a servicios gratuitos de salud y que en el futuro tampoco puedan acceder a pensiones de jubilación.

Es decir, el alto nivel de incumplimiento laboral no sólo repercute en la realidad social económica actual del trabajador sino que además está creando un bolsón de futuros ex trabajadores sin pensión de cesantía que se convertirán en un problema social y en una carga pesada para el Estado dentro de 20 ó 30 años.

Ante esta situación y ante la inoperancia de nuestros gobernantes que prefieren hacerse de la vista gorda porque creen que hacer respetar la legislación laboral alejará a los inversionistas privados, el trabajador se encuentra ante el dilema de resignarse o exigir el cumplimiento de sus derechos.

En LaboraPerú.com consideramos que el trabajador debe estar suficientemente informado sobre sus derechos y constantemente brindamos consejos sobre cómo acceder al cumplimiento de ellos.

En ese sentido, en el día del trabajador aportamos nuestro granito de arena obsequiándote este práctico manual denominado “Guía Básica del Trabajador: preguntas y respuestas” en el que didácticamente te mostramos tus derechos laborales y la forma en que deben ser cumplidas, como agradecimiento por tu preferencia.

¿Qué tienes que hacer para obtenerlo?. Fácil: SOLO TIENES QUE SEGUIRNOS EN FACEBOOK pulsando en el botón “Me gusta” de la caja de fans que aparece al final del artículo. Si tienes cuenta en facebook ingresas a ella, sino la tienes necesitarás crear tu cuenta gratuitamente.

El día Viernes 07 de Mayo del 2010 estaremos proporcionando el manual a través de nuestro facebook a todos nuestros lectores que se hayan registrado. Quienes se registren después de dicha fecha también podrán acceder a tan importante libro electrónico que será de valiosa ayuda para los trabajadores peruanos.

Un abrazo y feliz día.

Robert del Aguila Vela
Director de LaboraPerú.com

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La Nueva Ley Procesal del Trabajo entrará en vigencia a partir del 15 de Julio del 2010 (salvo sus Disposiciones Transitorias que entran en vigencia a partir de mañana 16 de Enero del 2010) pero no será aplicable inmediatamente sino que será el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el encargado de proyectar la aplicación progresiva de la norma en los distintos distritos judiciales del país, tal como lo viene haciendo actualmente con el Nuevo Código Procesal Penal.

En LaboraPeru publicaremos una versión didáctica de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, pero preliminarmente podemos señalar algunas de las innovaciones y deficiencias más saltantes presentes en esta nueva normativa:

Innovaciones:

• Cuando se demanda al empleador la competencia corresponde al juez del domicilio principal de aquél o al del último lugar en que se desarrollaron las labores, lo cual obedece a que la dinámica productiva moderna conlleva a que muchas veces la relación laboral se desarrolle en diversos lugares.
• Cuando se demanda al trabajador la competencia corresponde al juez de su domicilio.
• El juez de trabajo tiene competencia sobre los casos de indemnización por daños imputable a cualquiera de las partes laborales, por lo cual por expreso mandato legal y ya no solo por criterios jurisprudenciales pueden ser demandados por daños en esta vía tanto el trabajador como el empleador.
• Pueden ser demandados en sede laboral también las personas relacionadas con derechos de los trabajadores (por ejemplo las aseguradoras).
• Los menores de edad no requieren representante legal para comparecer al proceso.
• Los sindicatos no requieren poder especial de representación para defender a sus afiliados.
• Las embarazadas, los menores de edad y los discapacitados tienen derecho a defensa legal pública.
• La demanda de reposición laboral se tramita como proceso abreviado si no va acompañada de otras pretensiones.
• Las notificaciones son mediante correo electrónico, salvo algunas excepciones (como el traslado de la demanda o en caso de zonas de extrema pobreza).
• El juez puede exonerar de costas y costos al demandado perdedor si actuó de buena fe o tuvo motivos para litigar.
• Las entidades públicas sí pueden ser condenadas al pago de costas y costos.
• Si lo demandado no excede 10 Unidades de Referencia Procesal (actualmente 3,600 nuevos soles) no se requiere abogado para litigar.
• La demanda y la contestación se presentan por escrito, pero el proceso prioriza las actuaciones orales antes que las escritas. Las audiencias son grabadas.
• El pago de los honorarios del abogado puede ser acumulado a la demanda.
• Los trabajadores beneficiarios de una sentencia colectiva del Tribunal Constitucional o Corte Suprema pueden iniciar demanda laboral de liquidación de beneficios individuales.
• No procede la reconvención.
• Si no se niegan expresamente los hechos alegados en la demanda se entienden admitidos.
• Los trabajadores públicos no requieren agotar la vía administrativa, salvo que exista norma expresa que lo requiera.
• No se debe acompañar pliegos interrogatorios al demandar o contestar. Las partes deben llevar sus pruebas, peritos y testigos para la audiencia.
• La mala conducta procesal puede conllevar a que el juez extraiga conclusiones en contra de los intereses del infractor.
• El proceso puede concluir por abandono, contrariamente a lo que ocurre actualmente.
• El pago de los intereses legales y la condena en costos y costas no requiere ser demandado.
• El juez lleva a cabo una audiencia de conciliación y si no existe acuerdo convoca a una audiencia de juzgamiento que culmina con la sentencia. En el proceso abreviado existe una sola audiencia que agrupa la conciliación y el juzgamiento.
• En segunda instancia y en sede casatoria el Tribunal emite sentencia el mismo día de la Vista de la Causa o en los 5 días hábiles siguientes.
• Se establecen dos modalidades de casación: anulatoria y revocatoria.
• El recurso de casación no suspende la ejecución de la sentencia, salvo que el demandado preste garantías.
• Puede dictarse cualquiera de las medidas cautelares reguladas en el Código Procesal Civil y también la reposición provisional del trabajador.
• Los abogados pueden cobrar sus honorarios en vía abreviada ante el juez de la causa principal.

Deficiencias:

• No se ha considerado la posibilidad de que el trabajador demande en cualquiera de los lugares en que desarrolló su prestación de servicios.
• Se regula la conclusión del proceso por abandono si las partes no impulsan el proceso durante 4 meses, pero eso sería inaplicable debido a que la norma deja el impulso del proceso en manos del juez. Parece ser que el legislador se limitó a copiar las causales de conclusión del proceso presentes en el Código Procesal Civil.
• Se permite que el juez declare de oficio su incompetencia territorial en cualquier estado del proceso, lo cual quiere decir que puede anular todo lo actuado aún cuando el demandado no haya deducido excepción, lo cual es incompatible con la prórroga de la competencia territorial.
• Para la validez de la conciliación se exige que participe el abogado del trabajador, pero no se toma en cuenta que para los procesos laborales cuya cuantía no supera las 10 Unidades de Referencia Procesal (es decir hasta 3,600 nuevos soles) no es exigible que las partes se apersonen con abogado, y que en los procesos hasta 70 Unidades de Referencia Procesal (es decir más de 3,600 hasta 25,200 nuevos soles) la participación del abogado es exigible sólo si el juez lo considera indispensable. En estos procesos que se llevan a cabo sin abogado no podría existir conciliación.
• Para acelerar los procesos se ha dado un carácter sumario a la tramitación de las impugnaciones de sentencia, pero no se ha regulado las impugnaciones de autos y decretos que por ello tendrán que ser tramitados bajo las reglas del Código Procesal Civil con todos los retrasos que ello acarrea. Este puede ser el talón de Aquiles de la norma.
• Tampoco se ha tenido la misma diligencia para regular las ejecuciones de sentencia de modo que serán igual de lentas que en la actualidad. El legislador parece haber tratado de acortar el plazo hasta la sentencia, pero no ha reparado que los procesos concluyen cuando se ejecuta dicha sentencia.
• La comparecencia de los menores de edad es imprecisa. No se indica qué se requiere para que dicha comparecencia sea válida legalmente y para que el menor pueda hacerse cobro de sus beneficios sociales (¿será posible acaso que un menor de edad pueda cobrar un certificado de consignación judicial en el Banco de la Nación?).
• Se señala indebidamente que la sola demostración de una prestación personal de servicios hace presumir la existencia de contrato de trabajo a plazo indeterminado, obviando que el principio de primacía de la realidad exige que se demuestre la existencia de contraprestación económica y subordinación (tal como lo requiere el Artículo 4º del TUO de la Ley de Fomento del Empleo D.S. Nº 003-97-TR).
• Se señala que si el demandado no niega expresamente los hechos de la demanda se considera que los ha aceptado, pero no se precisa si ello es aplicable o no a los casos en los que el demandado no ha contestado la demanda (pues en dicho supuesto tampoco ha negado los hechos indicados por el demandante).
• Como se exige que la demanda y contestación cumplan con los requisitos establecidos en el Código Procesal Civil, se debe señalar domicilio procesal dentro del radio urbano. Esto es incoherente con el hecho de que las notificaciones se efectúan mediante correo electrónico por lo que no debería exigirse un domicilio procesal.

Esta es una visión preliminar. Las bondades o deficiencias de la nueva normativa procesal es algo que se evidenciará cuando entre en aplicación, nosotros sólo podemos señalar que cualquier medida destinada a abreviar los procesos laborales en beneficio de los litigantes siempre será bienvenida, pero resulta deseable que en los 6 meses que restan para la vigencia de la Ley Nº 29497 se corrijan las deficiencias de la nueva ley procesal laboral pues lo contrario conllevaría a que se empeore la situación de los litigantes.

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Así lo dispone el Decreto Supremo Nº 082-2008-PCM que fija los días no laborables del año 2009 sujetos a horas de trabajo compensables. ¿Qué significa ello?: Que los trabajadores del sector público deberán recuperar las horas no laboradas del 09 de Octubre a lo largo de la próxima semana o cuando lo disponga el titular de cada entidad. A propósito, ¿existirá algún reporte que demuestre que la recuperación de horas no laboradas en feriados largos realmente se cumple?.

Lamentablemente para los trabajadores del sector privado el descanso remunerado de mañana Viernes 09 no es obligatorio, sino que deberá ser materia de negociación con el empleador quien tiene la decisión sobre la materia.

Esta medida que data ya de algunos años ha revelado ser eficaz para incentivar el turismo interno, por ello el gobierno debería evaluar la posibilidad de establecer la obligatoriedad también para los centros laborales privados, no sólo en virtud del principio constitucional de igualdad ante la ley e igualdad de trato sino también porque la capacidad de consumo de los trabajadores del sector privado es mayor que la de los trabajadores estatales y ello ocasionaría un incremento significativo del turismo interior.

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Al interior del diario se encuentra un artículo que contiene un modelo de solicitud y que menciona que todo trabajador que tenga más de tres meses de labores y no perciba beneficios sociales puede presentar a su empleador dicha solicitud al amparo de la Ley 27671 y el Decreto Supremo 007-2002-TR para que éste lo registre en planillas, y que si el empleador no le da respuesta en un plazo que va desde 48 horas a tres semanas el trabajador puede hacer una denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Al final de la noticia se consignan algunos teléfonos para asesoramiento sobre el tema.

En LaboraPerú.com consideramos que la difusión de los derechos y obligaciones laborales es loable porque directa o indirectamente contribuye al cumplimiento de la legislación laboral peruana. Pero no podemos dejar de expresar nuestra preocupación cuando por el motivo que sea se brinda información errónea al trabajador o al empleador.

En ese sentido, en la noticia de portada del diario “El Chino” y en el modelo de solicitud que adjunta se advierten los siguientes graves errores:

1) Las normas legales mencionadas en su modelo de solicitud no regulan el ingreso a planillas sino que se refieren a la jornada y horario de trabajo (número de horas que se debe trabajar, pago de horas extras, trabajo en horario nocturno, etc.). El registro de planillas de pago está regulado por los Decretos Supremos 001-98-TR, 007-2001-TR y 018-2007-TR, por lo tanto el modelo de solicitud publicada por el diario contiene una base legal errónea.

2) Es absolutamente incorrecto que para ingresar a planillas el trabajador tenga que haber cumplido tres meses de labores. Según el Decreto Supremo 001-98-TR el empleador está obligado a inscribir al trabajador en sus planillas de pago dentro de las 72 horas contadas desde que éste ingresó a laborar. Al parecer el diario ha considerado que como el Texto Unico Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo (Decreto Supremo 003-97-TR) establece un período de prueba de tres meses, el trabajador no tendría derecho a que lo registren en planillas durante esos tres meses, lo cual es incorrecto. Todo trabajador, inclusive los que están en período de prueba, deben ser registrados en planilla dentro de las 72 horas de su ingreso a laborar.

3) No existe ninguna norma que exija al trabajador presentar una solicitud al empleador para que éste lo registre en planillas ni mucho menos que le conceda al empleador un plazo que va de 48 horas a tres semanas para responder al trabajador o registrarlo en planillas. Antes bien este procedimiento resulta contraproducente y riesgoso debido a que si un trabajador no está inscrito en planillas y presenta una solicitud de este tipo es muy probable que sea despedido de inmediato.

4) Tampoco existe ninguna norma que establezca que el trabajador puede denunciar el incumplimiento de su empleador sólo después de haber esperado tres semanas a que le incorporen a las planillas. La Ley 28806 faculta al trabajador a solicitar una inspección por cualquier incumplimiento laboral del empleador, lo cual significa que puede presentar su denuncia por omisión de registro en planillas después de las 72 horas de haber ingresado a laborar.

Como se ve la información proporcionada por el diario sensacionalista “El Chino” carece de fundamento legal y su implementación por parte de los trabajadores puede ocasionar despidos arbitrarios, por lo cual recomendamos no tomar en cuenta dicha información ni el modelo de solicitud.

Nosotros consideramos que la mejor medida para obtener el cumplimiento de la obligación de registro en planillas es solicitar al Ministerio de Tabajo que practique una visita inspectiva, en cuyo desarrollo el Inspector de Trabajo constatará la existencia de relación laboral y conminará al empleador infractor a registrar en planillas al personal afectado con el incumplimiento.

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Como es de conocimiento público las anteriores listas fueron cuestionadas debido a presuntos negociados de los gremios sindicales encargados de elaborarlas (que aparentemente adoptaron como criterio de selección la realización de presuntas aportaciones económicas por parte de quienes resultaron beneficiados) y debido a la inclusión de allegados al partido de gobierno que terminaron incorporados al aparato estatal a pesar de haber cesado con cobro de incentivos económicos.

Esta cuarta lista tampoco se encuentra exenta de críticas dado que el informe definitivo no fue firmado por 7 de los 12 miembros de la comisíón evaluadora e incluso el propio representante de la Presidencia del Consejo de Ministros retiró su firma por cuanto la lista no fue consensuada con los representantes de los trabajadores. La información que ha trascendido por los medios de prensa es que la lista publicada fue elaborada por el ex Ministro de Trabajo Jorge Villasante y sus asesores dejando de lado a la comisión evaluadora, señalando los gremios laborales (incluyendo la Confederación de Trabajadores del Perú, ligada al gobierno de turno) que no se habría considerado a cerca de 2,000 ex trabajadores propuestos por los sindicatos quienes habrían sido sustituidos por personas allegadas al citado ex ministro.

Cabe señalar que el Sr. Jorge Villasante ha desmentido públicamente tales acusaciones pero no ha podido desvirtuar los argumentos esgrimidos por el representante de la Presidencia del Consejo de Ministros para retirar su firma del informe final.

Es preciso indicar también que si hasta el día de 12 de Agosto del 2009 el beneficiario no se acerca a señalar cual de los beneficios elige (jubilación, reincorporación laboral o compensación económica) le corresponderá el pago de la compensación, por lo cual para aquellos que desean acogerse a dicho pago da lo mismo que presenten o no el formato de elección.

Otro punto a analizar es que el acogimiento a la jubilación adelantada no garantia que ello se produzca dado que se requiere que el beneficiario cumpla con los requisitos para obtener pago de pensión. Igualmente el acogimiento a la reincorporación laboral tampoco garantiza la reposición laboral debido a que se requiere la existencia de plazas vacantes y el cumplimiento del perfil profesional necesario para el cargo al que se postula, habiendo además dispuesto la norma de la materia que si no se produce la reposición en el presente año 2009 sólo corresponderá el pago de la compensación económica.

Todo ello explica que a falta de un día para el vencimiento del plazo sólo la mitad de los beneficiarios de la cuarta lista de trabajadores cesados irregularmente haya elegido el beneficio al que desean acogerse. Es probable que los más de 4,000 beneficiarios que aún no han presentado sus formatos consideran que sólo se les otorgará una compensación económica por lo cual no tiene sentido perder tiempo en acudir al Ministerio de Trabajo a señalar su elección.

En todo caso, esto no es asunto definitivo, debido a que aquellos que no fueron incluidos en la lista serán notificados de las razones para su exclusión quedando con ello agotada la vía administrativa. Ello significa que dichos ex trabajadores tendran la vía expedita para interponer una acción de amparo o una demanda contencioso administrativa.

De este modo la falta de transparencia del gobierno y la ausencia de rigurosidad en la elaboración de la lista han abierto una caja de pandora que augura numerosos procesos judiciales que serán costeados con dinero de todos los peruanos y hacen previsible una quinta lista, máxime si estamos ad portas de un año electoral.

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Así lo dispone el Decreto Supremo Nº 082-2008-PCM que fija los días no laborables del año 2009 sujetos a horas de trabajo compensables. ¿Qué significa ello?: Que los trabajadores del sector público deberán recuperar las horas no laboradas del 27 de Julio a lo largo de la primera semana laborable de Agosto o cuando lo disponga el titular de la entidad. A propósito, ¿existirá algún reporte que demuestre que la recuperación de horas no laboradas en feriados largos realmente se cumple?.

Lamentablemente para los trabajadores del sector privado el descanso remunerado del día Lunes 27 no es obligatorio, sino que deberá ser materia de negociación con el empleador quien tiene la decisión sobre la materia.

Esta medida que data ya de algunos años ha revelado ser eficaz para incentivar el turismo interno, por ello el gobierno debería evaluar la posibilidad de establecer la obligatoriedad también para los centros laborales privados, no sólo en virtud del principio constitucional de igualdad ante la ley e igualdad de trato sino también porque la capacidad de consumo de los trabajadores del sector privado es mayor que la de los trabajadores estatales y ello ocasionaría un incremento significativo del turismo interior.

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Posteriormente el 19 de Diciembre de 1992 entró en vigencia el Decreto Ley 25967 que estableció un nuevo sistema de cálculo para el otorgamiento de las pensiones.

Ante las innumerables demandas de amparo dirigidas a que la Oficina de Normalización Previsional – ONP cumpla con otorgar la pensión mínima establecida por la Ley 23908, el 06 de Diciembre del 2005 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia vinculante en el Expediente 5189-2005-AA/TC (Caso Jacinto Gabriel Angulo contra la ONP) estableciendo que el Decreto Ley 25967 derogó tácitamente a la Ley 23908 por lo cual la pensión mínima establecida por dicha norma sólo se aplica a quienes hubieren obtenido derecho a pensión hasta el 18 de Diciembre de 1992.

Debido a la existencia de miles de procesos de amparo que se encuentran en trámite, el 10 de Diciembre del 2008 el Poder Ejecutivo publícó el Decreto Supremo 150-2008-PCM autorizando a la ONP a revisar los expedientes administrativos referidos a la aplicación de la Ley 23908 y a pagar los devengados que correspondieren.

Pero como la Ley 28266 faculta a la ONP a cancelar las pensiones devengadas hasta en el término de un año sin intereses, y hasta más allá de un año cancelando los intereses respectivos, es que el gobierno se ha visto obligado a publicar el día de hoy Sábado 28 de Marzo del 2009 el Decreto Supremo 077-2009-EF que faculta a la ONP a efectuar el pago de los devengados en una sola cuota.

Para ello, en la ceremonia pública de firma del Decreto Supremo el Presidente de la República anunció que el Estado desembolsará 901 millones de nuevos soles para pagar las pensiones devengadas de 95 mil pensionistas que percibirán entre 9 y 10 mil soles, de los cuales 30 mil serían beneficiados este año.

Al margen de que se trata de un acto de justicia social para los miles de jubilados que tienen derecho a reintegro de pensiones bajo los alcances de la Ley 23908, cabe preguntarse si el gobierno hubiera aceptado su obligación de pago en otras circunstancias que no fueran las de la crisis económica globalizada. Es decir, ¿realmente se trata de una rectificación en el tratamiento de los jubilados o es que el gobierno se ha visto obligado a cancelar su deuda previsional como parte de su paquete anticrisis, para fomentar el consumo con el dinero de los pensionistas?. Sea como sea, no interesan las reales intenciones del gobernante de turno sino el hecho de haberse dictado una medida que repara un maltrato injusto a los pensionistas beneficiarios de la Ley 23908.

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El dictamen de la Comisión de Trabajo ha sido remitido el 09 de Marzo del 2009 a la Oficialía Mayor para que sea puesto en agenda para su debate por el Pleno.

Puede leerse el texto completo del dictamen a continuación:

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El Poder Legislativo ha aprobado modificar los Artículos 7º, 10º, 12º, 19º, 45º, 47º, 48º y 49º de la Ley Nº 28857 que regula el régimen del personal policial, con el objeto de establecer un nuevo marco para la asimilación de profesionales a la Policía Nacional y para los ascensos y retiros del personal de Oficiales y Suboficiales.

La norma aprobada será remitida al Presidente de la República para su promulgación o para la formulación de observaciones.

El texto aprobado es el siguiente:

Actualización

La norma ha sido promulgada por el Presidente de la República y ha sido publicada en el Diario Oficial El Peruano el día Sábado 21 de Marzo del 2009, como Ley Nº 29333.

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